La 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), actualmente en marcha en Bakú, ha puesto en foco los mercados de carbono como una herramienta fundamental para mitigar las emisiones de CO₂ y avanzar hacia una economía global más sostenible. La idea central es sencilla: “quien contamina, paga”, lo que significa que empresas y gobiernos deben asumir un coste por el CO₂ que emiten.
¿Cómo funcionan los mercados de carbono?
El comercio de emisiones permite la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Su objetivo es fomentar la descarbonización a través de incentivos económicos: al asignar un precio al carbono, los gobiernos y empresas encuentran razones financieras para reducir sus emisiones. Además, pueden compensar parte de ellas invirtiendo en proyectos “verdes” en otros lugares, como reforestación, huertos solares o instalaciones eólicas.
Estos mercados se dividen en dos categorías principales:
Mercados de carbono regulados: Orientados a grandes entidades que están obligadas a cumplir con límites específicos de emisiones. Destaca el sistema europeo, pionero en 2005, que establece estrictas normas de cumplimiento.
Mercados de carbono voluntarios: Diseñados para entidades que desean compensar su huella de carbono de manera flexible. Aquí, los participantes compran créditos de carbono para financiar proyectos que absorben CO₂. Sin embargo, estos mercados han sido criticados por su falta de transparencia y supervisión, lo que podría hacer que un mismo crédito se contabilice varias veces.
El rol del artículo 6 del Acuerdo de París
El artículo 6 del Acuerdo de París permite a los países intercambiar créditos de carbono generados por la reducción de emisiones. La COP29 ha aprobado el respaldo para crear un mercado de carbono de la ONU bajo este artículo, lo que supone un avance significativo, ya que hasta ahora no había consenso sobre las normas de funcionamiento.
Con esta decisión, se espera que las transacciones sean más atractivas y seguras, al estar respaldadas por Naciones Unidas, lo que contrasta con la inseguridad en los mercados voluntarios actuales. Se calcula que este nuevo mercado podría atraer inversiones de hasta 250.000 millones de dólares al año, ayudando a los países a cumplir con sus objetivos climáticos (NDC).
Los riesgos del “greenwashing” en los mercados voluntarios
La falta de regulación en los mercados voluntarios de carbono ha suscitado preocupaciones sobre el “greenwashing” o lavado verde. Esta práctica permite a algunas empresas presentar proyectos como “verdes” cuando, en realidad, no lo son tanto. Ejemplos incluyen plantaciones masivas de árboles en regiones desérticas del sur global, donde la falta de supervisión lleva al abandono de estos proyectos, generando efectos negativos como la desertificación o incluso incendios que emiten más CO₂.
La COP29, además de regular estos mercados, busca evitar el llamado “colonialismo verde”, donde los países ricos financian proyectos que, en lugar de mitigar el cambio climático, deterioran los ecosistemas locales y les permiten seguir contaminando en sus territorios.
Con la creación de un mercado de carbono respaldado por la ONU, la COP29 pretende reducir estos problemas y garantizar que las compensaciones de carbono realmente contribuyan a un planeta más limpio y sostenible.
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